La IGUALDAD "FORZOSA"

    Se aprecia "un vuelta más de apriete" a la LIBERTAD de los ciudadan@s con la aprobación de la ley de igualdad. Hemos visto como se confirma nuestra tesis de que la "independencia de poderes" en el estado español es una mera muestra de retórica política. Obviamente, los liberales acatamos la decisión judicial, igual que hicimos en las pasadas elecciones de Mayo de 2007, pero ello no impide que hagamos uso de nuestro derecho a la libre expresión para manifestar nuestro TOTAL DESACUERDO con esta ley de igualdad.

    Nuestro DESACUERDO abarca todos los ámbitos de aplicación de la ley, tanto en lo público como en lo privado.

    En lo público es evidente que no se cumple.¿Por qué? Por la sencilla razón de que no es igual la cantidad de funcionarios de ambos sexos. En unas instituciones hay más mujeres que hombres y en otras ocurre lo contrario. Lo importante de la situación actual es que se ha llegado a ella SIN LA INTERVENCION DEL ESTADO, es decir "POR MERITOS PROPIOS" de las personas que ocupan los puestos de la función pública, tanto mujeres como hombres.

    Esta situación, que es anterior a la promulgación de la "ley de igualdad", se ha originado gracias a que no ha habido antes la "distorsión política" que hay hoy. Vivíamos en una sociedad que no ponía dificultades al triunfo personal por méritos propios, pero AHORA ¡SI! porque limita el acceso tanto de hombres como de mujeres a la función pública. Esta ley supone un CLARO DESPRECIO al TALENTO PERSONAL de las mujeres y de los hombres. No importará la preparación de la persona para el desempeño de un cargo público o de una función pública porque cuando se alcance el cupo de acceso para uno de los sexos (sea mujer u hombre), según la ley se evitará el acceso "por méritos" de las restantes personas de ese sexo y se obligará a aceptar personas del sexo contrario aunque tengan MENOS mérito para el cargo o función (menor puntuación en las pruebas, o menor capacidad profesional para el cargo).

    En el ámbito de lo privado se ha tenido el atrevimiento de interferir en las sociedades mercantiles imponiendo una cuota de paridad en sus consejos de administración. Realmente el intervencionismo estatal está llegando a unas cotas no imaginables en una sociedad democrática, que ya no liberal. Lo promulgado en esta ley supone una ingerencia gubernamental en los asuntos particulares que vulnera todos los derechos esenciales de las personas, comenzando con la propiedad privada (del patrimonio de los socios) y terminando por la selección de las personas idóneas para la gestión (miembros de la dirección y consejo de la empresa), llevándonos al "callejón de la incompetencia profesional" por imposición gubernamental.

    Finalmente, no podemos dejar de mencionar la obligatoriedad de la paridad en las listas electorales. Esta obligación supone un verdadero atentado contra la democracia. ¿Desde cuando se le puede impedir a una persona, mujer u hombre, participar en la contienda electoral? La respuesta es inmediata. "Desde que la indigencia intelectual se ha apoderado del poder democrático para convertirlo en una dictadura de intereses partidistas". Una vez más se IMPIDE el triunfo de las personas por SU PROPIO MERITO. Todo queda supeditado a la frialdad del número, no importando cual sea la valía de los candidatos. Por cada cinco candidatos de una lista electoral, tres han de ser mujeres u hombres y los otros dos han de ser del sexo opuesto. Que quieren participar más mujeres, ¡NO ES POSIBLE! tiene que haber PARIDAD. Palabra mágica la de PARIDAD, que significa INCOMPETENCIA POR IGUAL, así que nuestros gobernantes (el Gran Hermano) protegen nuestra debilidad de género y de capacidad de lucha por un puesto político impidiendo la competencia política, hecho éste fundamental para el progreso democrático.

    La conclusión de esta situación es clara: INVOLUCION democrática hacia el despotismo del "jefe de la mayoría" sobre todos los ciudadanos; hecho que producirá la degeneración democrática hacia una dictadura del partido en el poder. Desde nuestra página queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para poner fin la involución democrática y poder iniciar, con ilusión, un proceso de instauración de la democracia constitucional que dé la libertad política a la ciudadanía y podamos ofrecer a las personas con iniciativa creadora y empresarial la garantía jurídica de un "estado de derecho verdaderamente democrático".