Hemos vivido una legislatura que poco ha ayudado a la evolución hacia la democracia constitucional con la consiguiente independencia de los poderes del estado entre sí. Nos limitaremos en nuestro comentario a opinar sobre los acontecimientos políticos que consideramos más relevantes de esta legislatura, ya que nuestro partido (el PLJ) ha nacido hace poco más de un año y, todavía, no ha tenido opción a participar en la vida política nacional. Sin embargo, en la legislatura que termina han tenido lugar una serie de acontecimientos poco afortunados para consolidar el sentimiento nacional de los españoles, aún en el sentido de un estado federal como el que desde nuestro partido proponemos a todos ustedes.
Opinamos que una de las decisiones más desfavorables para la consolidación democrática ha sido la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía porque comienza el establecimiento de diferencias entre los españoles, en contra de la afirmación constitucional de igualdad:
Artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social",
ya que dichos estatutos no solo establecen diferencias en el auxilio por la justicia al ciudadano, sino que le privan de libertades tan fundamentales como la de expresión, mediante organismos administrativos, de dudosa legalidad, que se arrogan la facultad de sancionar como si de un órgano judicial se tratase; o la de elegir su formación tanto ética como porfesionalmente en las condiciones que el ciudadano prefiera.
En esta exposición no entramos en discutir las autonomías en si mismas, esquema contrario a nuestra propuesta, sino el que se haya truncado bruscamente el devenir histórico de un estado sin que haya habido una consulta a la totalidad de la ciudadanía en cuestiones que no solo afectan a los españoles de una u otra autonomía, sino que afectan a la distribución de la riqueza nacional de toda la población española. Los hechos acaecidos suponen una flagrante vulneración del derecho a decidir su futuro para la mayoría de la población española, lo cual es democráticamente inadminsible.
Otro de los factores NO democráticos de los estatutos aprobados y, también, de los presentados es la manifiesta insolidaridad que han mostrado los gobernantes con su pueblo, que les ha dado el poder que ostentan. Es conveniente recordar a nuestros políticos que ellos NO TIENEN poder alguno por sí mismos, ya que el que ostentan se lo hemos delegado nosotros, el pueblo. Conviene recordarles que los partidos con mayor representación parlamentaria son PARTIDOS NACIONALES, lo cual significa que representan los intereses de todos los españoles, cosa que parecen haber olvidado cuando han buscado "tortuosos caminos" que les han permitido hurtar parte de la riqueza de TODOS en beneficio de unos pocos, que muchas veces ni siquiera alcanza a la autonomía. Esto solamente tiene un calificativo, que es INSOLIDARIDAD nacional y que, de nuevo, vulnera el Artículo 14 de nuestra Constitución al establecer diferencias de riqueza económica y social entre los españoles.
Hemos considerado que el tema autonómico debería de ser el primer asunto a tratar en nuestra crónica porque, si se confirmase la potencial recesión económica, creemos que los estatutos aprobados y en vigor provocarán:
- cese de las inversiones en las autonomias con menor renta, ya que no dispondrán de recursos para acometarlas
- incremento del paro en estas mismas autonomías, que siendo cercanas a las más prósperas, tiene en estas últimas gran parte de la población su puesto de trabajo
- desatención en los servicios sociales por falta de recursos económicos
En definitiva tendremos una discriminación entre los españoles por razón de su lugar de nacimiento o de residencia, en clara contradicción con nuestra Constitución que establece justamente lo contrario.
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