Ha habido épocas del pasado en las que cuando desde el gobierno de la nación se hacía alguna afirmación relativa a asuntos de estado solía suceder lo contrario de lo manifestado. Desgraciadamente en la legislatura actual vemos que se está volviendo a esta situación, es decir que el gobierno no solo no dice la verdad sino que intenta engañarnos con falsas promesas.
En la época de crisis, ya "oficialmente reconocida", que se está instalando en España con los preocupantes indicadores económicos relativos a la inflacción y al paro, junto con la noticia de que los agentes financieros internacionales NO hayan acudido a la emisión de deuda pública de nuestro país nos hace pensar que las prestaciones sociales pueden sufrir importantes mermas o la presión fiscal aumentará apreciablemente para poder atender este compromiso.
Queremos referirnos de manera especial a la responsabilidad del Estado sobre la atención a la familia y a las personas dependientes. Conviene recordar la situación a nivel nacional de esta responsabilidad. Es notorio la falta de centros de atención a las patologías reconocidas (Alzheimer, Síndrome Down, discapacidades físicas. etc...) y que revierten en plantear importantes problemas sociales y económicos en el seno de las familias afectadas. La generosidad de algunos grupos sociales ha permitido la creación de asociaciones altruistas que se ocupan de prestar la atención necesaria a los enfermos de estas patologías; sin embargo no reciben del Estado, bien directamente o a través de las autonomías, el apoyo económico necesario para su labor social.
¿Por qué los ciudadanos no podemos decidir a qué institución se destina la cuota de nuestros impuestos para fines sociales?.
Estamos sufriendo en la actualidad una dejadez de las administraciones estatal y autonómicas de su responsabilidad social y la creación de centros de atención se está viendo paralizada cuando las exigencias reales reclaman lo contrario. En estos asuntos deberiamos adaptar las soluciones de otros paises más avanzados en los que estas atenciones residen en asociaciones altruistas que estan debidamente soportadas por los presupuestos económicos de sus estados. Desde el PLJ proponemos la modificación de la ley del IRPF en la que se permita hacer las donaciones a instituciones de interés social de forma directa por el ciudadano y desgrabables en su totalidad hasta un límite, como mínimo del 0,7% de la base imponible de la declaración. ¿Por qué de la base imponible? Por la sencilla razón de que el Estado destina a fines sociales el 0,7% del PIB y el concepto de PIB a nivel estatal es equivalente a la Base Imponible en el IRPF.
¿Por qué pedimos la donación directa por el ciudadano?
- En primer lugar porque queremos desterrar de la política nacional la "donación ideológica" que hace actualmente el Estado, favoreciendo a organizaciones afines políticamente. Queremos evitar la dependencia de las actividades de ayuda social de perfil político de los gobiernos, ya que al ser los ciudadanos quienes hacen la donación, ésta será conforme con sus preferencias y no las del Estado.
- En segundo lugar porque queremos llevar a la conciencia ciudadana la idea de solidaridad social, es decir la necesidad de que todos colaboremos de forma libre y responsable en el sostenimiento de los servicios sociales que son imprescindibles en la sociedad actual. Creemos que de esta manera la ciudadanía será partícipe de las preocupaciones de las asociaciones de interés social y mejorará la participación voluntaria en las labores de éstas.
- También estamos convencidos de que la concienciación ciudadana en materia de asistencia social en los núclos urbanos y en las comarcas rurales permitirá generar un tejido asistencial basado en centros asistenciales de mediano o pequeño tamaño en los que la relación afectiva con los residentes puede mejorar de forma muy significativa en relación con la existente en las actuales macro-residencias, generalmente de más de 150 personas, que son consecuencia de la actual política asistencial de la Seguridad Social.
Pretendemos iniciar con esta exposición una conciencia de cambio en la asistencia social para crear un modelo de solidaridad ciudadana que pueda hacer frente a crisis como la actual que pueden originar situaciones justamente opuestas a las manifestadas por los gobernantes. Es decir, queremos crear un modelo de actuación social para garantizar que las prestaciones sociales no se verán afectadas por las crisis
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