Desde nuestro punto de vista hemos de decir que la huelga de los transportistas (o sus reclamaciones) NO están planteadas adecuadamente, porque el mercado es el que ha de regir la evolución de los precios y NUNCA puede ser el Estado el que, a costa de los impuestos de todos, soluciones con subvenciones los problemas económicos de una parte de sus ciudadanos.
Creemos que las asociaciones de transportistas son las que, en defensa de los intereses de sus asociados, habrán de establecer las "tarifas de mercado" y los asociados han de tener la voluntad de mantenerlas. Lo que no se puede pedir es la INTERVENCION del Estado cada vez que haya que regular un mercado, ya que entonces la ley de la oferta y la demanda no funciona y el desequilibrio lo soportan siempre los mismos que son los ciudadanos con sus impuestos.
¿Cuales son las medidas ofrecidas por el gobierno? ¿Supone rebajas de impuestos o tasas de este colectivo soportados por los impuestos de todos los ciudadanos? Si la respuesta a la última pregunta es afirmativa, creemos que es un MAL acuerdo. Si el gobierno actúa como regulador de precios ya estamos, de nuevo, en un proceso que limita la libertad de mercado. Y si se dan las dos circunstancias antes expuestas la situación es la peor que podría darse, ya que entramos en una espiral reguladora que acabará con un mercado controlado para transportistas, pescadores y agricultores. Esto supone un mercado distorsionado en cuyo caso los beneficios terminarán en los intermediarios comerciales, que es lo que se quiere evitar.
Los últimos gobiernos que hemos tenido en España han intentado acallar las protestas de los colectivos mediante la concesión de "subvenciones" a costa de los impuestos de TODOS. Esta es una pobre solución para la economía de mercado puesto que distorsiona gravemente los precios de los productos. Creemos que ya va siendo hora de que los españoles nos acostumbremos a GANARNOS la COMPETITIVIDAD con el esfuerzo de planificación y gestión de la producción; y esto es aplicable incluso al mercado agrícola. Para que se pueda orientar la estructura empresarial sobre este camino es necesario que los españoles seamos capaces de actuar solidariamente dentro de cada colectivo y entender , de una vez por todas, que aquel que no respete los acuerdo tomados por "su colectivo" está actuando en su propio perjuicio.
La función primordial de las asociaciones empresariales no es "llorarle" al gobierno, sino que está en negociar con "la otra parte" los precios de sus servicios y conseguir que sus miembros respeten estos acuerdos. Ultimamente parece que en España es lo más fácil reclamar al gobierno subvenciones y subsidios en lugar de luchar por una negociación abierta entre las partes utilizando el derecho de huelga si es preciso. Mientras que este derecho se utilice para extorsionar a los ciudadanos y al gobierno de la nación estamos caminando hacia un tunel sin salida.
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