Hemos leido en la prensa de internet (El Confidencial Digital - ECD) la propuesta de varios expertos que consta de cinco medidas para contener la magnitud de la crisis económica que se cierne sobre nuestro país; aunque el gobierno continúe hablando de "contención del crecimiento" o de "ligera desaceleración". Aunque desde el planteamiento económico de nuestro partido, el PLJ, no apoyamos totalmente las propuestas, nos parece interesante comentarlas.
La primera de ellas ofrece la posibilidad de "blanquear" el dinero negro que tengamos los españoles bajo la condición legal de que lo ingresemos durante cinco años y sin intereses; quedando al final de los cinco años "legalizado" (blanqueado). Es sabido que una de las facetas de la crisis es la falta de liquidez en el mercado y con esta operación se aportaría una importante cantidad de dinero al sistema financiero español; sin embargo, creemos que si este dinero entra en las arcas públicas, su eficacia para paliar la crisis podría no ser tan interesante debido a la mala gestión del gobierno actual en materia económica. Es posible que el resultado final de esta actuación solamente repercutiera en una amnistía fiscal para los poseedores de este capital.
La segunda propuesta nos parece más sensata y realista. Esta propuesta
consiste en eliminar dos ministerios, 40 altos cargos de la administración central y acordar una reducción similar con las comunidades autónomas. Nos parece una propuesta realmente acertada en las actuales circunstancias de competencias entre el Estado Central y las CC.AA., ya que la NO suficiente aplicación de las tecnologías de la información ha llevado a una gestión administrativa absolutamente ineficiente con una carga en recursos humanos que es inaceptable para la sociedad española. La Administración Central debería de tener una política de gasto público en personal que se basara en un "acuerdo de estado" a largo plazo que promoviese una reducción paulatina del funcionariado y pasar a una gestión laboral basada en concesiones administrativas de gestión sobre una infraestructura diseñada y controlada por el Estado. Nuestra porpuesta de un estado federal de provincias supondría una drástica reducción de la estructura administrativa periférica, ya que se basa en la gestión provincial desde las Diputaciones que supondrá una aproximación al ciudadano con la consiguiente mejora de la eficiencia administrativa.
La tercera medida pretende dos objetivos diferentes. Uno de ellos sería la
congelación total de salarios para 2009, con lo parece pretenderse frenar el incremento de costes productivos o, al menos, compensar parcialmente los incrementos de los suministros (fundamentalmente los energéticos). Lógicamente, una contención de los salarios produciría un freno en el mercado de consumo interior cuyas consecuencias podrían no ser negativas ya que este mercado se surte, principalmente, de productos del exterior si exceptuamos los productos básicos (alimentación y servicios públicos). La caida en este mercado podría contribuir a reducir el deficit exterior, ya que el consumo sería "selectivo".
El segundo objetivo se centra en
la conveniencia de dejar en la mitad los más de 360.000 sindicalistas liberados con cargo al Estado). Desde nuestro punto de vista, el PLJ es partidario de eliminar totalmente la subvención a los sindicatos y organizaciones empresariales. El sistema de subvenciones y subsidios del Estado hacia estas organizaciones, así como la ley que permite la "liberación" de los enlaces sindicales deberían de revisarse en profundidad para establecer un plazo corto que obligue a estas organizaciones a
financiarse por si mismas. En el caso de los enlaces sindicales supondría una reducción en los costes empresariales, al mismo tiempo que activaría la
concienciación sindical del trabajador que debe de contribuir a mantener a sus representantes laborales siempre que se estructurase la adecuada ventaja fiscal para las contribuciones de los trabajadores y empresarios a sus respectivas organizaciones.
La cuarta propuesta tiene también una doble vertiente. En primer lugar se trataría de
aprobar al menos tres centrales nucleares. Esta decisión supondría una medida a medio plazo ya que las centrales no estarían operativas hasta dentro de ocho o diez años; sin embargo esta decisión transmitiría confianza a los industriales e inversores que verían alejarse el peligro del
deficit energético para sus industrias. Probablemente esta decisión sería una de las que más peso tendría en el inicio de la recuperación económica, al mismo tiempo que permitiría a nuestro tejido industrial no
perder definitivamente el conocimiento sobre el desarrollo nuclear. Desde el PLJ apoyamos totalmente una decisión en este sentido, ya que el
coste real de las energías renovables es insostenible para nuestra economía.
Como segundo objetivo de la cuarta medida se plantea
bajar el dinero que el Estado recauda de los carburantes (supone 0,80 euros del precio actual). Esta decisión está en la misma línea de disminuir los costes energéticos que están frenando nuestro desarrollo. Es obvio que bajar los impuestos ha de ir necesariamente ligado a una reducción del gasto público, pero NO en inversiones. Esta medida ha de ser coordinada con la que expusimos como segunda propuesta y que consistía en la reducción del tejido administrativo y burocrático del Estado. España ha sido tradicionalmente un país en el que se ha valorado poco el desarrollo tecnológico y por ello ha de
"forzarse" un impulso inicial de implantación y desarrollo de nuevas tecnologías de gestión que
abaraten los gastos de estructura del Estado.
La quinta medida parece obvia al día de hoy.
Dar la salida cuanto antes a Pedro Solbes, que ha perdido credibilidad ante la ciudadanía. Realmente esta propuesta no sería eficaz si continuase el gobierno actual. Probablemente los ciudadanos no alcancen a comprender que no es posible mantener la gestión de un Estado con dirigentes sin experiencia, algunos sin conocimientos y, en general, sin capacidad para tomar decisiones con responsablidad. Hoy tenemos un gobierno que pretende
utilizar el paso del tiempo como una variable eficaz en la solución de la crisis (que no admiten); por lo tanto es imprescindible que los ciudadanos más capaces se propongan dar un cambio político que permita establecer un gobierno de tendencia liberal-solidaria y cuyos miembros tengan capacidad reconocida en la gestión politica y económica.
Estos puntos los desarrollaremos con mayor profundidad en nuestro vídeos de
"PLJ Televisión".
