La LUCHA por la INDEPENDENCIA (II) ¿Hablamos de lo cotidiano...?

     Hemos hablado de cómo los políticos “establecidos en el poder” impiden que el PUEBLO elija a las personas que quiere que le representen en las instituciones del Congreso y del Senado. En ese artículo manifestábamos nuestra opinión acerca de la evolución negativa de la legislación electoral y de partidos que ha ido mermando la ilusión por votar hasta llegar a la desidia actual y total falta de confianza de los españoles en el sistema parlamentario como mecanismo de representación popular. Esta desidia ha llegado a tal extremo que se puede escuchar en los medios de comunicación la campaña realizada por algunas plataformas ciudadanas en favor de la ABSTENCIÓN. Ante estas opiniones hemos de manifestar nuestro total rechazo a esa actitud, pues abstenerse es negar el derecho democrático de la ciudadanía. Nosotros siempre hemos propuesto el VOTO en BLANCO como una necesidad democrática, ya que con esta actitud manifestamos nuestra defensa del sistema democrático al mismo tiempo que ponemos en evidencia nuestro rechazo a las propuestas políticas de los partidos.

     Si ayer para contestar a la pregunta: ¿ QUÉ PUEDO YO ELEGIR ?, les invitábamos a darnos un paseo por los asuntos que afectan a nuestra vida cotidiana y comenzábamos comentando la NO libertad de elegir a nuestros diputados, senadores, concejales, etc...

     ¿Qué les parece si hoy comentamos la LIBERTAD de ELEGIR que tiene el ciudadano frente a los diferentes servicios públicos?

     Si comenzamos por el sistema financiero, seguramente que la mayoría de ustedes pensará que estoy equivocado cuando califico de “servicio público” al sistema bancario español. Sin embargo, dejando a un lado el sistema paralelo de cajas de ahorro, expondré mis razones para calificar como “público” nuestro sistema bancario.

     Empezaremos recordando que es el propio Estado quién nos obliga a realizar sus trámites a través de una cuenta bancaria. El cumplimiento de nuestro deber de aportar nuestra contribución a la Hacienda Pública ha de hacerse OBLIGATORIAMENTE a través de una cuenta nuestra en una entidad bancaria. Esto no tendría mayor objeción si el coste para el ciudadano fuese nulo; pero NO es así, ya que la apertura de una cuenta bancaria supone el abono a la entidad de una serie de comisiones que NO están reguladas por el Estado. Es decir, el Estado es el primero que contribuye a un negocio, el bancario, que debería ser de libre elección para el ciudadano.

     Si continuamos con la necesidad de alojarnos en una vivienda tenemos, de inmediato, otro atentado a nuestra libertad. Es obvio que tenemos que disponer de los servicios básicos como luz, agua o teléfono. Cuando alguno de ustedes pretende contratar uno de los servicios mencionados le “exigen” la presentación de un recibo de alguna entidad bancaria con un número de cuenta o libreta; es decir, le están a usted OBLIGANDO a contribuir al negocio bancario, aún en contra de su voluntad. He escrito “exigen” entrecomillado porque podemos decidir no pagar a través de una cuenta bancaria, pero esta decisión implica que el recibo de estos servicios básicos deberá usted abonarlo en una oficina bancaria los días y a las horas que los bancos decidan y es muy posible que el horario de pago NO coincida con el momento que a usted más le convenga; es decir, en horas que no le obliguen a faltar a sus obligaciones familiares o laborales.

     Todo lo expuesto equivale a decir que el Estado permite anteponer los intereses de los bancos SOBRE los intereses de los ciudadanos. ¿Por qué?

     En primer lugar, porque si se atendiese a los ciudadanos en horario compatible con la actividad laboral, puede que algunas personas deseasen no domiciliar los pagos y con ello evitarían el cobro de ciertas comisiones (por ejemplo: cobro de una cantidad por asiento realizado) en sus cuentas, o, cuando menos, podrían negociarlas.

     En segundo lugar, porque utilizar los servicios imprescindibles para el ciudadano como medio de generar negocio entre las entidades bancarias y las grandes compañías proveedoras de servicios esenciales, en base a las “dificultades” que supone la permisividad del Estado al no obligarlas a atender adecuadamente a sus usuarios, es otra forma de ANULAR la LIBERTAD para decidir cómo cada persona desee gestionar sus recursos económicos.

     Puede que algunos de ustedes piensen que estamos exagerando la situación; sin embargo tengan en cuenta que la acumulación de pequeñas obligaciones, generadas con el consentimiento del Estado y aparentemente sin importancia, se traducen en apoyo institucional a particulares negocios que generan importantes beneficios para sus propietarios.

     Si los ciudadanos no nos sensibilizamos acerca de las limitaciones que el Estado nos impone, jamás conseguiremos desarrollar la democracia que la Constitución de 1978 esbozó como el “punto de partida” hacia un estado participativo que nosotros, el pueblo, debemos exigir a nuestros políticos en lugar de ser SUMISOS a los planteamientos de los partidos políticos que, día a día, están restringiendo nuestra LIBERTAD.

     O despertamos del letargo político en el que reposa la ciudadanía o terminaremos siendo esclavos de un Estado todopoderoso que decidirá sobre nuestro derecho a vivir. La LUCHA por la INDEPENDENCIA de la ciudadanía frente al Estado es una necesidad inaplazable para limitar su intervencionismo en el progreso de España como país y de Europa como unidad política; y esta independencia se podrá conseguir, únicamente, con la participación libre de la ciudadanía en las instituciones de forma que desaparezcan los intereses de partido y surjan los intereses del pueblo como motor único de las decisiones políticas.